Numerosas asociaciones de operadores jurídicos de toda la geografía española han redactado un comunicado mostrando su rechazo y preocupación por el avance de los cambios legislativos que incluye la reforma del Código Penal y la polémica Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales elaborada por el Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030, y que dio un paso más para su aprobación definitiva el 9 de febrero en el Congreso de España con el voto favorable de su cámara alta.

INTERcids, operadores jurídicos por los animales, que reúne a profesionales del derecho y la justicia de toda España, y las asociaciones de abogados especializados en Derecho de los Animales AVADA (Abogados Valencianos en Defensa Animal); DAP (Defensa Animal Profesional); ABADA (Asociación Balear de Abogados por los Derechos de los Animales); PROTA (Asociación Canaria de Abogados Pro Defensa de los Animales); AADA (Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales), DAMAC Juristas (Asociación de Juristas de Córdoba por la Defensa Animal y el Medio Ambiente), Red CABAMA (Red Canaria de Abogados por el Bienestar Animal y su Medio Ambiente) y AGMADA (Asociación de Abogados Granadinos por el Medio Ambiente y los Derechos de los Animales) se han unido para expresar su más profunda decepción en lo que consideran "un retroceso aprobado" por el Congreso de los Diputados y se muestran muy preocupados por las dificultades que les va a suponer la defensa jurídica de los animales.

Uno de los puntos más criticados por estos profesionales es una reforma del Código Penal incluida en esta ley por la que, conductas crueles que eran delito bajo la normativa vigente de 2015, dejarán de serlo si estas nuevas reformas superan su última aprobación en el Senado. Amparo Requena es jurista especialista en Derecho Animal, presidenta de AVADA, Abogados Valencianos en Defensa Animal, y miembro de INTERcids, y nos pone uno de los ejemplos más cuestionados por juristas y expertos sobre modificaciones del Código Penal: "En el caso de los abusos sexuales a animales, esta nueva reforma exige que haya un informe veterinario que acredite las lesiones. En el Código Penal de 2015 se recogía el delito de la zoofilia, pero ahora, si no hay lesiones verificadas por un profesional veterinario, no se va a considerar delito". Actos de abusos sexuales a animales, de participación en zoopornografía y otras conductas dañinas y peligrosas para los animales, añaden en su declaración escrita, quedarán impunes.

Otra inclusión en las reformas legislativas es la reducción de las condenas punitivas, donde la pena de prisión por maltrato animal en los casos más graves, podrá ser penada con multas económicas. "Ahora queda a la disposición de un juez poner la pena de prisión o de multa y esto es un retroceso terrible", apunta Amparo Requena, "sabemos que, tristemente, va a haber muchas más multas, y las multas en el Código Penal suelen ser muy bajas. Si a esto añadimos que muchos condenados pueden ser insolventes, las condenas podrían quedar en nada. El efecto disuasorio de las penas de prisión va a desaparecer. Costó muchísimo introducir el maltrato animal en el Código Penal y que los casos más graves tuvieran pena de prisión. Una persona que es capaz de maltratar a un animal es una alarma social. Quien es violento lo es en todos los aspectos".

En su texto, los operadores jurídicos señalan que, además, esta reforma también es un retroceso en el ámbito legislativo europeo, ya que en la actualidad, muchas leyes en Europa introducen la multa como una pena adicional y no como una alternativa. Sin embargo, lo aprobado el día 9 de febrero en el Congreso supone un cambio de rumbo y una diferencia significativa en este sentido.

Asegura que tampoco han tenido en consideración añadir en estas reformas una petición que requiere una atención urgente: la incautación definitiva de animales víctimas de maltrato y/o tortura. "Sobre el decomiso de animales procedentes de un delito de maltrato no han tocado nada, y era muy necesario. Esto es gravísimo y significa que tras los años de inhabilitación para convivir o trabajar con animales, dicho individuo puede volver a reclamar al mismo animal que ha maltratado, y habrá que devolvérselo". Así, los profesionales en justicia y en particular especializados en Derecho Animal, reclaman que se pueda retirar al animal maltratado de manera definitiva por la vía penal.

Tampoco han querido dejar fuera de sus críticas lo que consideran una desatención imperdonable: robar, hurtar, apropiarse indebidamente de un animal o amenazar a alguien con matar a sus animales también dejará de ser delito.

Desde enero del 2022 y recogido en el artículo 333 bis de la Ley 17/2021, los animales dejaron de ser considerados bienes muebles para convertirse en seres dotados de sensibilidad en nuestro régimen jurídico. Esto implica, tal como nos aclara la presidenta de AVADA, que "cuando se modifica una ley del Código Civil, como es el caso, afecta a un montón de normativas y también al Código Penal. ¿Qué pasa? Que el hurto y el robo solo están previstos para bienes muebles, pero como los animales han dejado de ser bienes muebles, en principio quedan desprotegidos y fuera de la posibilidad de ser robados o hurtados. Es muy preocupante y vamos a tener que hacer una batalla jurídica cuando sería muy sencillo incluirlos en el articulado del Código Penal. Añadir un "y animales" en los artículos específicos que competen a estos delitos sería suficiente, no cuesta nada".

Finalmente, las asociaciones firmantes de la nota de prensa que incluyen a juristas, abogados, jueces y fiscales quieren señalar una de las mayores polémicas que ha generado la nueva ley, y es la exclusión de perros y otros animales utilizados para la caza y otras actividades como el pastoreo, la protección de ganado, búsqueda y rescate, las terapias asistidas, competiciones deportivas y los utilizados para guardia y defensa de seguridad, pública o privada, y que han quedado fuera del paraguas de protección de estas reformas legislativas. Consideran que "estos animales son precisamente los que más protección y control necesitan por parte de los poderes públicos. Esta exclusión es un nefasto precedente".

"Estamos muy preocupados", traslada Amparo Requena, "no sabemos qué va a hacer el Senado y confiamos que se puedan enmendar aún algunas de estas situaciones tan preocupantes. Los cambios legislativos siempre se producen para incorporar avances, nunca pueden suponer un retroceso. Aunque toda la sociedad se mueva por la política, esto se ha politizado hasta tal punto que se ha perdido el objetivo: es una necesidad social de protección animal más allá de ideologías políticas".

Queda por ver si el equipo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que ha impulsado estos cambios escucha las demandas que les reclaman desde diferentes organismos especializados en ecología, justicia o salud veterinaria, mientras la ley continúa con su tramitación parlamentaria en el Senado.

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